La proporción entre lo que pagan los usuarios del sistema eléctrico nacional y los subsidios que aporta el Estado fue en enero la más desfavorable para el fisco desde 2015. Con el precio de la energía que se traslada a las tarifas, los usuarios solamente cubrieron en enero 2024 el 22% del costo de la generación y las importaciones de electricidad, un nivel que no se veía desde el final de la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

Por ese entonces, Mauricio Macri inició un rápido camino de aumentos de tarifas para reducir el gasto público en subsidios y que los precios reflejen mejor los costos, también como una señal para el ahorro y la eficiencia en el uso de recursos.

En ese sentido, tras la devaluación de diciembre, la situación que debe levantar Javier Milei se parece, en medio de la aceleración inflacionaria, a la de ocho años atrás. Recién este mes la Secretaría de Energía puso en marcha una masiva quita de subsidios a hogares de altos ingresos, comercios e industrias pymes, hospitales, escuelas, clubes de barrio, edificios y el alumbrado público, que llevará a incrementos en algunos casos superiores al 400% en las boletas.

Según el informe anual 2023 de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el año pasado el costo promedio de la operación del sistema -que suma la compra de combustibles, los contratos y las importaciones de energía- fue de 73,2 dólares por megavatio-hora (MWh), mientras que el precio medio pagado por la demanda fue de u$s 34,8; es decir, un 47,5%. En 2022, ese ratio había sido del 40%.

La apertura de datos muestra que las industrias abonaron en promedio el 91% del costo; los comercios, un 58%; y los hogares, un 32%, con grandes diferencias entre los de altos ingresos (cubrieron el 80% con sus tarifas) y los de ingresos medios y bajos (19% y 16%, respectivamente).

Todo eso culminaría este mes de febrero, con casi todos los usuarios del sistema eléctrico pagando más de $ 48.000 por megavatio-hora como costo mayorista, con excepción de los hogares Nivel 2 y 3 (N2 y N3) de la segmentación, que en 2023 consumieron el 42,6% del total de la energía eléctrica en el sistema.

El economista Nicolás Gadano hizo notar en su cuenta de la red social Twitter que la Argentina tiene los precios de la electricidad más baratos de la región, de acuerdo a los datos de la empresa uruguaya SEG Ingeniería. Los hogares de todo el país pagaron en promedio u$s 25 por MWh y las industrias unos u$s 38, algo por debajo de Paraguay y mucho menos que en Brasil, Chile y Uruguay.

Con todo, el impacto que esta situación tiene en lo fiscal es notable. En enero, el Gobierno tuvo un superávit financiero de $ 518.408 millones, que fue ampliamente celebrado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. No obstante, el resultado fue producto de que, por ejemplo, no se pagaron los subsidios energéticos.

Deuda por subsidios
Al no haber recibido dinero del Tesoro Nacional para pagarles a las generadoras de electricidad, las productoras de gas y la empresa pública Energía Argentina (Enarsa), la sociedad mixta Cammesa acumuló el mes pasado una deuda “flotante” de $ 497.199,9 millones. Es decir, dinero que en algún momento deberá salir de la caja de Nación, o pronto podría haber problemas con los mantenimientos para el suministro eléctrico y las inversiones en el gas de Vaca Muerta.

Julián Rojo, especialista técnico del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, planteó: “Cammesa y otras entidades del sector energético explican más el 10% del gasto total de la Administación Pública Nacional (APN). Hasta el momento hubo cero gasto devengado en lo que va del año, pero no es raro que pase en los primeros meses, suele suceder”.

El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece que los subsidios a la energía deberían caer este año del equivalente a 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) a 1,1 puntos, un ajuste de entre 2500 y 3000 millones de dólares, que se logrará con aumentos de tarifas y menores importaciones de gas.

Fuente: clarin